La Policía de Mendoza realizó 25 allanamientos simultáneos en Guaymallén, Ciudad y en el penal de Almafuerte en el marco de una causa federal vinculada a una organización investigada por comercialización de drogas. La investigación detectó movimientos cercanos a los 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales.
“Quitarle el dinero a los delincuentes es fundamental, porque se trata del lucro obtenido de la comercialización ilegal de drogas y también de recursos que luego son utilizados para extorsionar o para captar jóvenes que participen en la distribución de estupefacientes”. Así lo afirmó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en el marco de un megaoperativo que incluyó 25 allanamientos simultáneos.
La Policía de Mendoza desplegó este jueves los procedimientos en el Barrio Grilli de Guaymallén, Ciudad y en el penal de Almafuerte, en el marco de una causa federal por lavado de activos vinculada a una organización investigada por la comercialización de drogas.
La investigación se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y forma parte de una política criminal orientada no solo a perseguir las causas de narcotráfico, sino también a avanzar sobre las estructuras económicas que sostienen estas actividades ilícitas.
Los procedimientos tuvieron como objetivo secuestrar dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés para fortalecer la investigación patrimonial y avanzar en el decomiso de bienes y fondos vinculados a la organización.
Según explicó la ministra, la causa involucra a personas privadas de libertad y se relaciona con el trabajo que viene desarrollando el Gobierno provincial para reforzar los controles dentro de las cárceles. En ese contexto, indicó que la investigación detectó movimientos cercanos a los 800 millones de pesos a través de billeteras virtuales, realizados por una asociación integrada por un interno y otras personas vinculadas a él.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios, módulos penitenciarios y también incluyeron procedimientos vinculados a dos integrantes del personal penitenciario.
El despliegue contó con la presencia del director general de Investigaciones, José Vega; el subdirector de Investigaciones, Fabio Rodríguez y el director general de Policías, Marcelo Calipo.
La ministra confirmó además que la causa está vinculada con Peter Morales, sobre quien existen distintas investigaciones relacionadas con la comercialización de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, recordó que ya fue condenado en una causa anterior surgida a partir de una requisa realizada en el servicio penitenciario, en la que se secuestró cocaína que posteriormente le fue atribuida.
“En poco tiempo logramos la primera condena surgida del fortalecimiento de los controles intramuros. Ahora avanzamos sobre nuevas investigaciones para quitarle a estas organizaciones el provecho económico del delito”, sostuvo.
Rus aclaró que los procedimientos no tenían como objetivo principal la búsqueda de estupefacientes, aunque remarcó que cualquier sustancia ilegal hallada durante los allanamientos será secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.
Fortalecimiento de los controles intramuros
La funcionaria señaló que estas investigaciones están directamente vinculadas con el fortalecimiento de los controles penitenciarios y con la detección de maniobras de extorsión y comercialización de drogas dentro de los complejos carcelarios.
En ese sentido, informó que durante los primeros meses del año se secuestraron 1.557 teléfonos celulares en las cárceles provinciales y que actualmente se registran, en promedio, 46 novedades mensuales producto de las requisas y controles realizados.
Rus explicó que estos resultados están vinculados a la implementación de las denominadas requisas FORMA, una modalidad que reemplazó el esquema rutinario de controles dentro de los establecimientos penitenciarios. El sistema se realiza mediante equipos especiales que llevan adelante procedimientos sorpresivos y aleatorios, sin informar previamente los sectores donde se desarrollarán los operativos
Además, detalló que esta metodología se aplica en las 22 unidades penitenciarias de la provincia, con especial énfasis en los complejos de Luján, Boulogne Sur Mer y San Felipe.
Paralelamente, el Gobierno provincial avanza en la incorporación de tecnología para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas previstas se encuentra la adquisición de un body scan, que permitirá optimizar el control de las personas que ingresan a los penales, agilizar el acceso de las visitas y mejorar la capacidad de detección.
A estas acciones se suma la incorporación del año pasado de cámaras de vigilancia para fortalecer los controles y mejorar los mecanismos de supervisión.
Como resultado de estos procedimientos, se secuestraron cerca de 3.700 gramos de cocaína y aproximadamente 9.000 gramos de marihuana.
Finalmente, Rus reafirmó que el objetivo es desarticular la comercialización de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios y las conexiones que operan hacia el exterior, en una estrategia que se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación.