Por primera vez se condenan a prisión a cazadores de yaguaretés: cómo fue el caso

Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) fueron condenados a dos años de prisión efectiva, aunque cumplirán la pena bajo arresto domiciliario, por el asesinato de un yaguareté en Formosa. Se trata de la primera vez que el país aplica una sanción penal por la caza de una especie en peligro de extinción, protegida por la Ley 25.463.

El caso, que contó con la participación de la Fiscalía de Formosa, Parques Nacionales y la ONG Red Yaguareté, expuso la crueldad del crimen y la posterior jactancia de los imputados, quienes incluso publicaron fotos del animal muerto en redes sociales.

El crimen

El hecho ocurrió mediados de 2024, cuando en un campo formoseño, los hombres persiguieron, mataron y carnearon un yaguareté de 150 kilos, una especie en peligro crítico de extinción. Las imágenes del felino sacrificado, exhibidas en Facebook por los propios cazadores, fueron clave para la investigación.

“Nos llegó el caso porque una persona nos envió las fotos de los hombres con el animal y datos del lugar. Inmediatamente actuamos”, relató Nicolás Lodeiro Ocampo, director de Red Yaguareté.

Según los imputados, el yaguareté había matado una vaca y un perro, pero las pruebas demostraron que el animal fue acorralado y asesinado sin justificación.

Las razones de la condena

• Fuga inicial: los tres condenados estuvieron prófugos tras el crimen, mientras que Cisneros (dueño del campo) recibió una condena en suspenso por colaborar.
• Contradicciones en sus declaraciones: algunos dijeron que buscaban una vaca perdida, otros que encontraron perros muertos.
• Actitud posterior: las fotos sonriendo con el animal desollado reforzaron la gravedad del delito.
• Rapidez en la investigación: la denuncia ciudadana y la actuación inmediata de las autoridades aceleraron el proceso.

Un fallo que marca precedente

La sentencia no solo es un hito para la conservación del yaguareté, sino que también expuso las falencias de la Ley Nacional de Fauna 22.421, vigente desde hace 50 años con penas mínimas.

“Es una ley obsoleta. Necesitamos que el Congreso actúe”, exigió Lodeiro Ocampo. Mientras, organizaciones ambientales celebran este primer paso hacia una justicia más firme en la protección de la biodiversidad argentina.